El pasado 12 de junio se presentaron los resultados del primer relevamiento nacional sobre el nivel educativo del personal penitenciario uruguayo, una iniciativa que busca fortalecer la formación profesional de estos trabajadores.

La jornada reunió a la directora general de UTU, Virginia Verderese, al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, y a autoridades de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y del Parlamento, con el objetivo de reflexionar sobre la educación penitenciaria desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo profesional.

El estudio reveló que el 52 % del personal penitenciario no ha culminado la educación obligatoria. Sin embargo, también mostró un dato alentador: el 40 % de los funcionarios y operadores manifestó interés en continuar sus estudios, lo que representa una oportunidad para ampliar las propuestas formativas dirigidas a este colectivo.

Durante el intercambio, las autoridades coincidieron en la necesidad de generar condiciones que permitan superar las barreras de acceso a la educación. Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la superposición de tareas, las responsabilidades propias del servicio y las dificultades horarias, factores que limitan la participación en instancias de formación.

La participación de UTU en este espacio fue de reafirmación en su compromiso con la educación técnico-profesional como herramienta para el desarrollo de competencias, la construcción de trayectorias educativas flexibles e inclusivas y a fortalecer el trabajo interinstitucional en beneficio de la educación pública.

Entre los programas impulsados por UTU se encuentran la acreditación de saberes, la presencia de centros educativos en establecimientos penitenciarios y el convenio firmado el pasado abril entre la institución y el INR, apuntando a fortalecer la trayectoria educativa, la convivencia y la inclusión social.