Durante el Encuentro de Inspectores se desarrolló una jornada de análisis y reflexión sobre el marco normativo de la función pública educativa, las responsabilidades establecidas en el Estatuto del Funcionario Docente y No Docente, y la educación como derecho humano.

La instancia contó con la participación del subdirector general de UTU, Wilson Netto, el Secretario Docente, Adrián Núñez, la Dra. Lila Curbelo, quien abordó aspectos jurídicos, Verónica Massa, directora del Programa Gestión Humana, la inspectora coordinadora de Asignatura, Guadalupe Barreto, y representantes de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Codicen, entre otros referentes institucionales.

Se profundizó en el alcance de los estatutos de funcionarios y en las disposiciones normativas que regulan derechos y obligaciones. Se destacó que estas no recaen únicamente en los equipos de dirección o jerarquías superiores, sino en todos los funcionarios, docentes y no docentes. La responsabilidad funcional no se limita a las acciones realizadas, sino que también comprende aquellas omisiones que puedan afectar el cumplimiento del servicio.

En el centro de la función pública educativa se encuentra el principio de igualdad de oportunidades. La educación, como derecho humano fundamental y bien público, exige no solo garantizar el acceso, sino también generar apoyos específicos que aseguren la permanencia y el logro educativo de las personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por razones económicas, sociales o territoriales. Esta perspectiva coloca a cada funcionario en un lugar de responsabilidad activa en la concreción de ese derecho.

Asimismo, se subrayó que quienes ejercen funciones jerárquicas tienen una responsabilidad adicional vinculada al cumplimiento de la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, así como a la garantía de los derechos y obligaciones del personal a su cargo. La función jerárquica implica conducción, supervisión y resguardo institucional, siempre en coherencia con la finalidad educativa.

En relación con la carrera funcional, se analizó el proceso de calificación anual docente, entendida como el resultado de una evaluación integral y no como un mero valor numérico. Se explicó su incidencia en la antigüedad calificada, en la actitud funcional y en distintos aspectos de la trayectoria profesional, como traslados y ascensos. En este sentido, el informe de dirección fue señalado como una herramienta relevante dentro del proceso de valoración.

Al abordar la Ley General de Educación, se reafirmó que el titular del derecho es el estudiante y que toda la estructura institucional existe para garantizar una educación de calidad. Docentes y funcionarios no docentes, desde sus respectivos roles, son actores fundamentales en la concreción cotidiana de ese derecho. Cada tarea administrativa, cada decisión pedagógica y cada acción de acompañamiento contribuyen a hacerlo efectivo.

Esta actividad también permitió reflexionar sobre el rol de los distintos órganos institucionales y cómo cada función, ya sea docente, administrativa o de servicio, forma parte de un entramado que hace posible el ejercicio del derecho a la educación. Las normas, procedimientos y estructuras no constituyen un fin en sí mismas, sino instrumentos para asegurar transparencia, equidad y calidad en la gestión educativa.